Hasta ahora, según comenta PIDOCE, la única vía que proponía el Gobierno, suscrito con los sindicatos mayoritarios a nivel nacional, era la de estabilizar y consolidar a los interinos en fraude de ley a través de oposiciones masivas de libre acceso, pudiendo llegar producirse el despido libre y gratuito en caso de no conseguirlo.

Sin embargo, recientemente las conclusiones de la Abogada General a petición de los tribunales españoles donde notifica que se debe reconocer y subsanar el fraude, ampliando incluso los casos y situaciones en las que se produce el abuso, y a su vez censura las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales que no reconocían y que toleraban esta práctica contraria al Derecho Comunitario.

Con estas conclusiones también se pone en entredicho la decisión adoptada por el anterior Gobierno Español, y continuado por el actual, que tras el requerimiento de la Unión Europea por la alta temporalidad en la Administración Pública, ha pretendido solventar la situación sacando todas las posibles plazas existentes en oferta pública y así justificar la estabilización requerida desde Europa, hecho desestimado por la abogada.

El informe también recomienda conceder al trabajador afectado «una indemnización completa de los perjuicios que le haya causado el abuso por un importe a tanto alzado». A su vez añade que la indemnización por sí sola no es suficiente, sino que debe ir acompañada de otras medidas sancionadoras efectivas y disuasorias, es decir, multas para la Administración empleadora o a las autoridades responsables de los abusos. Se indica que la cobertura de la plaza en oposición se considera despido improcedente, con todo lo que ello conlleva.

Aunque la abogada de la UE interpreta que la conversión en fijo no puede ser automática, no cierra el camino a que se acometa algún mecanismo para ello, ya que “permitiría sancionar el abuso y eliminar definitivamente el fraude y todas sus consecuencias”.

Ante este escenario, algunos sindicatos de Ceuta solicitan paralizar los procesos de estabilización a la espera de la sentencia, pero lo hacen solo para algunos sectores concretos sin mencionar ni sanidad ni educación, siendo el número de empleados afectados en dichos sectores el más numeroso en la Ciudad.

PIDOCE espera que los interinos y temporales sigan reclamando sus derechos laborales. También confían en que la sentencia del TSJUE, que se puede producir en dos o tres meses, sea más contundente y clarifique si cabe, aún más, la solución a esta situación de inestabilidad, acotando los mecanismos de estabilización real que debe acometer la Administración.